JORNADA MUNICIPAL SOBRE “LAS ENTIDADES LOCALES EN LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA”

Zaragoza, 1 de julio de 2005

     
   
 

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PRESENTACIÓN

La Diputación Provincial de Zaragoza viene participando activamente Congreso Internacional Municipia siglo XXI, Ciudadanía y Gobierno Local, celebrado en Zaragoza los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2004; Conferencia de Alcaldes de la provincia de Zaragoza, celebrada el 18 de marzo de 2005 en la Residencia provincial Ramón Pignatelli, de reflexión y estudio del Libro Blanco; Conferencia Municipal sobre el Municipio ante la nueva reforma de la Legislación del Régimen Local, celebrada en Ejea de los Caballeros el 13 de mayo de 2005 en significar la emergencia de lo «local», como auténtico paradigma en este principio de siglo; pues desde el poder local los ciudadanos pueden de manera más efectiva hacer prevalecer la soberanía democrática sobre los grandes procesos globales que les afectan.

El amplio debate que ha suscitado el “Primer borrador del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local” ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar la autonomía de los gobiernos locales, reforzando un núcleo competencial propio, incorporando el principio de subsidiariedad en sus relaciones con el resto de los gobiernos del Estado y estableciendo un marco financiero que garantice un adecuado marco de recursos.

El Gobierno Local es el quicio de la forma y calidad de la representación política y debiera considerarse la posibilidad de que su régimen jurídico tuviera rango de ley orgánica. Si el régimen local no es otra cosa que el régimen jurídico de un poder políticamente descentralizado, reservado a una comunidad política en la que tiene lugar la elección democrática de su organización, que funciona como un ordenamiento que ejerce una función directamente ordenada desde la Constitución, no debería sorprender que se reclame un rango normativo suficiente —el de Ley Orgánica— para su regulación. Alternativamente los Estatutos de Autonomía, que tienen rango de Ley Orgánica, pueden regular el listado de competencias; contemplar la creación y regulación de órganos que instrumenten las relaciones entre las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales; y reforzar el marco financiero de la autonomía local.

Las competencias locales deben situarse en la nueva Ley de Bases y en los Estatutos de Autonomía, si se quiere evitar que la legislación sectorial las ignore o las eluda con remisiones al vacío o las crea satisfechas con la participación subordinada en órganos creados por el Estado o las Comunidades Autónomas.

La Ley de Bases debería fijar los actuales servicios mínimos y las reservas de iniciativa pública como auténticas competencias que permitan al municipio no sólo prestar o gestionar el servicio sino también ordenarlo y regularlo.

En este sentido el “Primer borrador del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local” debería ser el marco para auspiciar un gran “Pacto de Estado” para que los Estatutos de Autonomía establezcan un listado de competencia de los entes locales.

El Gobierno local requiere capacidad de intervención y competencias claras y precisas. No se puede seguir bajo la improvisación de lo que en cada momento establezca –o pueda establecer- el llamado “legislador sectorial”. Urge clarificar el marco competencial mínimo y evitar la yuxtaposición, laminación o concurrencia difícilmente explicables. Los ayuntamientos tienen que poder intervenir en todas las decisiones que afecten directamente a sus ciudadanos con independencia de la Administración a quien corresponda la competencia: obras públicas, transportes, comunicaciones, educación... etc.

Es imprescindible que, en las reformas estatutarias, se contemple la creación de órganos, que instrumenten las relaciones entre las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, que tenga capacidad para impedir, o en su caso exigir un quórum reforzado de aprobación, todos aquellos proyectos legales que impongan obligaciones a los entes locales sin un plan específico —anexo al propio proyecto de ley— en que se contemple la financiación de las competencias nuevas que se atribuyan a los entes locales.

El derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos que afecten a las entidades locales, debe superar el esquema actual de relaciones interadministrativas donde el gobierno local acude en situación de inferioridad. La coordinación o la cooperación exigen que los gobiernos que cooperan o se coordinan partan de una identidad previamente definida, está claro que la identidad la presta unas competencias propias cuyo perfil sólo puede delimitarse en concurrencia con las competencias de otros niveles de gobierno. La participación de los gobiernos locales en la planificación de las políticas estatales o autonómicas consolida la autonomía local sólo si se hace desde un punto de partida en el que municipios y provincias tengan competencias claras y financiación incondicionada. La cooperación no puede ser la imposición por parte del Estado y las Comunidades autónomas de sus políticas a los gobiernos locales.

El objeto de esta jornada, pues, sobre “Las Entidades Locales en la Reforma de los estatutos de Autonomía”, se enmarca en el conjunto de actuaciones programadas por la Diputación Provincial de Zaragoza con ocasión del “Primer borrador del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local”; y es una invitación a reflexionar sobre las cuestiones apuntadas y a plantear sugerencias o consideraciones, según se aprecie en cada caso, por los responsables de los municipios de nuestra provincia de Zaragoza.

Javier Lamban Montañés