HISTORIA DEL ARCHIVO

La formación del archivo se inicia con la decisión del Reino, reunido en Cortes, de tener una sede donde se ubique también su archivo. Sede que va a ser compartida además de por los Diputados por otras instituciones y autoridades, así como por sus archivos (Gobernación, Justiciazgo, Audiencia, etc.), que evolucionan en cuanto a poder y competencias a lo largo de varias centurias. El siglo XVIII supone un cambio para Aragón con la nueva dinastía y los decretos de Nueva Planta, pero no tanto para el Archivo del Reino que sigue recibiendo y sirviendo documentos a la nueva administración borbónica. La guerra de la Independencia significa un cambio traumático al ser destruida la sede de los diversos archivos que durante siglos albergaron las Casas del Reino que, afectados por importantes mermas en sus fondos, hubieron de buscar nuevas ubicaciones. Ya en el siglo XIX las nuevas orientaciones políticas hacen surgir las figuras de los Jefes Políticos y las Diputaciones, que coexisten al principio con los Intendentes y acaban por asumir muchas de sus competencias y también la documentación emanada y recibida por las instituciones que los precedieron.

SIGLOS XIV- XVII

En 1427 las cortes aragonesas reunidas en Teruel plasmaban el deseo de que la Diputación del Reino contase con una sede propia, encargando a los 7 diputados la construcción de una casa de “buelta de rejola”. Se hacía entonces ya mención al archivo, pues la finalidad era conservar en armarios los procesos de Cortes, los registros de la Diputación, los de la Gobernación del Reino y los del Justiciazgo, cuestión que se iba haciendo presente sobre todo desde principio del siglo XV, al aumentar tanto la importancia de los asuntos tramitados y de los documentos que se debían guardar como el número de funcionarios al servicio del Reino.

También en estos años se procedió a copiar en pergamino alguno de los documentos más significativos.

Sin embargo, el menguado tráfico comercial no engrosaba los ingresos de las Generalidades, es decir el impuesto aduanero del Reino, fuente de financiación de la obra, y en las Cortes de 1436 celebradas en Monzón y Alcañiz, en presencia del lugarteniente don Juan, se volvió a insistir en la necesidad mencionada, dando amplios poderes a los diputados.

La construcción del edificio ubicado en la actual plaza de la Seo, en el lugar ocupado después por el seminario conciliar de Zaragoza, se llevó a cabo durante los años 1437-1450.

La inauguración “oficial” de la obra se puede concretar cuando los 4 brazos, reunidos en las Cortes de Zaragoza en 1450, se trasladaron desde la iglesia del Pilar a la sala Susana de las Casas del Reino “clamadas vulgarment casas de la Diputación.”

La planta y distribución del edificio en esta primera época es conocida por haberse recogido en varias fuentes, tanto escritas como gráficas. En la planta noble al lado de la citada sala o claustra Susana estaba la “Cambra del Cantón” que se destinaba al Justicia, otra sala daba hacia las Casas del puente (sede del concejo zaragozano) y por último, había otra sala destinada a archivo que se llamó de S. Jorge, por haber en ella una talla de este santo, que recaía sobre el torreón izquierdo de la puerta del Angel. A lo largo de los siglos de vida de la Diputación, esta distribución fue variando, afectada por el crecimiento de las oficinas, las obras, y la inclusión en el edificio de otras Instituciones. Muchas de estas modificaciones están documentadas y algunas estudiadas.

Durante los siglos XV - XVI se puede hablar de la existencia de una verdadera burocracia al servicio de la Diputación y en ella tenían un puesto fundamental los notarios. El de mayor rango es el notario extracto, cuya gestión y permanencia eran anuales, el notario sustituto que surgió para que hubiera una continuidad y acabó siendo vitalicio, los notarios escribientes, los notarios de mandamiento y “otros notarios”.

Se redactaron periódicamente instrumentos de descripción de los cuales existen algunos todavía. Se pueden destacar varios índices de asuntos contenidos en los libros de actos comunes, el primero de los conservados es el que comprende documentación generada entre 1475 y 1601, trabajo encargado por los diputados a Mossén Diego de Espes, o el índice de asuntos plasmados en los actos comunes entre 1600-1700.

El iniciado en 1593 o bien el redactado en 1660 por Gabriel Blas Asensio Monterde, que ofrece una descripción por armarios y ligámenes de toda la documentación existente en el archivo del Reino en ese momento.

También se conserva un registro de entrada de documentos que plasma los correspondientes al siglo XVII y primeros años del siglo XVIII, en él se anotaban asimismo las salidas de documentación del archivo.

EL SIGLO XVIII

La vida del Archivo corrió paralela a la de las instituciones que la generaron y sufrió un cambio brusco con la victoria de Felipe V y la instauración de una nueva administración.

En efecto, la titularidad del archivo fue de los Diputados hasta que la Diputación del Reino se extinguió por los Decretos de Nueva Planta “incorporándose” todas sus rentas al Real Patrimonio . Desde este momento las llaves del archivo que tenían los Diputados pasaron a la Junta del Real Erario. Este orden de cosas se prolongó hasta 1715, año clave, en que Baltasar Patiño, Marqués de Castelar, segundo Intendente de Aragón, como responsable máximo del archivo, designa archivero al que había sido último secretario de la Junta, Martín Maza de Lizana pues “tenía orden de S.M. para encargarle con las llaves del archivo y cuidado de sus papeles”.

Es precisamente del siglo XVIII del que existe más información sobre el archivo del Reino.

En primer lugar queda claro el gran interés que tiene para la nueva administración como depósito de toda la documentación de las “rentas que en lo antiguo gozaba el Reino de Aragón.”

También se puede observar que es el Intendente el que elige, en 1748, al archivero entre sus colaboradores más cercanos. Se trata de un funcionario que estaba desempeñando su trabajo en temas de Hacienda, es decir, Pedro Felipe de Lezaun, oficial de la contaduría. La descripción de sus funciones, como para su antecesor, se podría resumir en tener bien clasificado el archivo y expedir todas aquellas certificaciones solicitadas por el interesado bajo la forma de un decreto del Intendente, así como buscar y proporcionar a aquel todos los documentos necesarios para...”la conservación y aumento de los derechos y rentas de la Real Hacienda...”

En 1755 hubo que realizar obras en los locales ocupados por los archivos de la Bailía, ya que el agua que penetró en ellos hizo “que se perdieran muchos papeles” . La Real Audiencia pide al Intendente que se haga cargo de dichos gastos y se trasladan los archivos dentro del edificio a otras dependencias que daban al río Ebro.

Además hay informaciones minuciosas de esta última etapa del archivo antes de su incendio, tanto de su aspecto físico como de los instrumentos de descripción debidos a sus últimos archiveros.

Singular importancia reviste el documento de toma de posesión como archivero, de Felipe Fernandez de Arias fechado a principios de 1788. En él se describen las tres salas que constituían el archivo: en primer lugar la ocupada por el archivo de la Diputación del Reino...” a los pies de la magnífica sala de S. Jorge, su puerta es de bronce con 2 llaves...” Estaba amueblada con un total de 110 “ cajones” que ocupaban tres partes de la sala. Además de esta descripción física se hace referencia a los distintos inventarios existentes entre los que resalta el Indice universal de todas las escrituras anteriores y manuscritos del Archivo del Reino de Aragón. La toma de posesión se hizo en segundo lugar en el Archivo de la Baylía y Maestre Racional, que estaba situado en la parte del río y tenía entrada por la expresada sala de S. Jorge. “ Este archivo está colocado en dos muy pequeñas salas o estancias que miran al río y en cada una hay un balcón. Tienen unos estantes de madera que se reducen a unas tablas aseguradas en las paredes con pies derechos, demasiado elevados y de trabajoso uso para el reconocimiento de los libros que debían buscarse... En la última sala y en iguales estantes están distribuidos los papeles y libros, la mayor parte, sin rótulos ni razón de lo que contienen. No hay índice ni inventario ni acaso sería posible poderlo formar según el mal estado de dichos papeles...”. Por último el acto de toma de posesión se hace en el llamado “archivo alto” al que el documento describe como “una gran sala maltratada” y de cuyo contenido da una breve reseña: en efecto, cita Impresiones de los ” Fueros del Reino” y “Actos Comunes de la Diputación”, Impresiones de los cronistas de Aragón etc.

A su vez, la nueva Administración surgida tras la instauración de Felipe V, se estructuraba, generaba documentos y los archivaba. Esta última función fue asumida en primera instancia por la contaduría bajo la autoridad del Intendente, lo que se puede constatar documentalmente, sobre todo en la segunda mitad de la centuria y en los primeros años del siglo XIX.

De ello hay noticias aisladas pero reveladoras. Así en los expedientes tramitados por los distintos intendentes y conservados hoy en el Archivo de la Diputación Provincial es habitual la nota marginal firmada por el Intendente que se plasmaba en la siguiente frase: “Pásese el original a la Contaduría y comuníquese al pueblo interesado...”

Fue pues la Contaduría una oficina que dependía del Intendente, cuya denominación y funciones variaron también a lo largo de los 150 años de vida de aquella institución. Además se pueden deducir e incluso constatar en los documentos sus cambios de ubicación dentro del casco urbano.

Por otra parte, en el precioso documento que refleja la toma de posesión del archivo del reino en 1788, arriba citado, se puede ver como el acto es autorizado por “Don Diego Navarro contador principal de este ejército y Reino de Aragón en consecuencia del Decreto que precede del Sr. don Antonio Ximenez Navarro, Intendente General del mismo Exército y Reino”, que fue acompañado por el escribano principal de la Intendencia y Rentas Reales.

En este mismo acto se hace constar que en el archivo de la Bailía y Maestre Racional están los 55 cajones de los papeles de los oficios extinguidos de Navarra del año 1750... y hay copia del inventario que los contiene cuyo original... existe en la Contaduría Principal de este ejército”. Además se señala que “en los estantes de la primera sala están expuestos varios libros y legajos que de la Contaduría del Ejército se han pasado conforme a relación... que está en el archivo y en la misma Contaduría. Así mismo y aportando un dato más de la gestión y utilización conjunta del archivo de la Bailía y Maestre Racional y de la Contaduría, se especifica que en el llamado “archivo alto” de las casas de la Audiencia o casas del Reino, hay legajos de justificantes de revistas que se pasaron de la Contaduría del Ejército, o cuando al tratar del salario del archivero del Reino en 1754 se alude a que “ siendo de maior travaxo y consideración que el de archivero de los papeles del archivo del Maestre Racional, que había en el propio Reino antes de la Nueva Planta, que corresponde a lo que al presente es la Contaduría Principal.”

Al año siguiente de la toma de posesión citada, es decir en 1789, el Intendente solicita del Sr. Regente de la Audiencia que se amplie con otro depósito el archivo de la Bailía según le han sugerido el “contador principal de este exército y el archivero de la Baylia y Maestre Racional”... ante el creciente volumen de los papeles que de continuo es necesario ir trasladando a dicho archivo.

Esta petición genera un expediente ante la Audiencia en el que se describe la historia reciente de los archivos existentes en ese momento en lo que ya entonces se llama edificio de la Real Audiencia, no Casas del Reino, y nos sugiere la idea de que realmente se utilizaba la sede de la contaduría como “archivo de oficina” y de que los documentos más antiguos o de menos uso irían pasando al archivo de la Bailía, utilizado como “archivo central”, hipótesis que explicaría el hecho de que no hayan llegado hasta hoy documentos ni de la Bailía y Maestre Racional, ni de estos años generados por el Intendente, tras sufrir más drasticamente que el resto de los archivos con los que compartían sede, los rigores de las bombas francesas. Todo ello explicable si consideramos su recóndita ubicación dentro del edificio que hacía más difícil el salvamento de los documentos durante el incendio.

Es evidente pues, que durante un siglo (1707- 1809) el Intendente asumió de forma absoluta la gestión del archivo del Reino y también de la documentación generada por la administración que él dirigía .

EL SIGLO XIX

El siglo XIX es más complicado para seguir la vida de estos archivos.

Por una parte se produce la hecatombe de la guerra de la Independencia y los dos Sitios de Zaragoza que destruyen y trastocan profundamente la geografía urbana y, en concreto, en 1809 las bombas francesas incendiaron y arrasaron las antiguas Casas del Reino que contenían los archivos de la Real Audiencia, de la Diputación del Reino, de la Bailía y Maestre Racional y del Justicia de Aragón.

Los documentos que pudieron ser salvados se desgajan e inician un periplo en el que los distintos autores difieren. Estos dos hechos sumados hacen que el Archivo del Reino viera muy mermados sus fondos, lo que ha hecho pensar durante mucho tiempo, e incluso ahora en ciertos círculos, que había desaparecido.

No obstante, se puede seguir durante los siguientes años el itinerario de los fondos. Así entre 1808 y 1814, la Tesorería de propios paga sus sueldos a los oficiales de la Contaduría y al “Secretario del archivo del Reino.”

En 1815 por Real orden de 14 de marzo, se nombra archivero del archivo del Reino y de la Bailía a Ramón de Les, que desempeñaba el cargo de Oficial primero de la Contaduría de Ejército y Reino, con el mandato de que por todos los medios a su alcance, “ inquiriese el paradero de los documentos, los reclamase y reuniese, tras la dispersión sufrida por el archivo durante el incendio de 1809”, así como, que se realizase la obra necesaria para la restauración del archivo completo. Si la primera parte de la orden fue llevada a cabo con dedicación y éxito por el recién nombrado archivero, el encontrar una sede era, al parecer, mucho más complicado. Según expresa él mismo, los documentos fueron depositados en primer lugar en una habitación del domicilio del Intendente José de Cáceres. A la vez se iniciaban desde la Intendencia las gestiones para que en la Sede de la Real Audiencia se adecuasen depósitos para el Archivo del Reino. Sin embargo la cuantía de las obras hacen desistir de ellas por dos veces, tanto a José de Cáceres como a su sucesor.

Mientras, los fondos recuperados del archivo del Reino y a falta de un edificio público adecuado, se trasladan al domicilio particular de Ramón de Les, primero en la calle de las Vírgenes y después en el Coso, hasta que en Junio de 1820 la recién creada Diputación Provincial de Aragón “reclamó el archivo como una de sus atribuciones” y el hasta entonces archivero lo entregó al Secretario de la Diputación que lo trasladó a la “Casa llamada del Reino” donde permanece hasta 1824, fecha en que el local ocupado por el archivo del Reino y algunos documentos del ramo de propios es reclamado por la Administración General de todas las Rentas que gestiona en aquel momento el edificio, llamado entonces Casa Aduana, pasando a hacerse cargo del archivo, de nuevo, el Intendente interino.

Hay que hacer referencia a la agitada vida política y administrativa del siglo XIX y, si durante los primeros años de la centuria siguió vigente la figura del Intendente con sus variadas competencias, ya la Constitución de Cádiz de 1812 define las figuras del Gobierno Político y las Diputaciones que comienzan a ejercer sus funciones, muchas de ellas desgajadas del Intendente. En ocasiones actuaban las tres administraciones conjuntamente o bien se solapaban las gestiones de unas y otras.

La Contaduría sigue existiendo con diversos nombres y competencias salvo en periodos muy concretos, es decir, cuando actúan las Diputaciones Provinciales. También sigue vigente su estructura administrativa y su archivo.

En efecto, en 1822 se establece y funciona la Diputación presidida por el Jefe Político, que generó la correspondiente documentación la cual fue posteriormente requerida desde Madrid por la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino, y, según noticias coetáneas, dicha documentación podría haberse quedado en la Contaduría del Ejército.

Son estos los años clave en que van a reunirse fisicamente los tres archivos. En 1827 la ubicación orgánica del Archivo del Reino era la ya citada contaduría, si bien ya no había archivero titular, se sabe que los documentos “están a cargo del Interventor de este Ejército y Reino, don Narciso Meneses” con domicilio en el Coso 163. En 1828 la Contaduría Principal de Propios y Arbitrios de Aragón tiene su sede en el Coso 163, es decir, la misma a la que se han llevado los restos del archivo del Reino y existe el cargo de Archivero de la Contaduría desempeñada por Bartolomé Ganose.

En 1836 el Depositario de la Diputación comunica al Presidente que se ha hecho cargo de las existencias del ramo de propios pues en este momento en el que se procede a su supresión la Contaduría atendía a la “instrucción y examen de los expedientes administrativos de los ramos de propios cuya aprobación corresponde a la Diputación Provincial.”

Los dos primeros períodos de la Diputación Provincial (1814 y 1820-23) fueron breves y la Institución ocupó distintas sedes. El 7 de Enero de 1836 queda instalada la Diputación en su tercera época y lo comunica al Capitán General del Ejército y Reino. No cuenta todavía con sede propia, si bien se inician los trámites que culminarán en la adquisición de una finca que era parte del área del Convento de S. Francisco, cedido por la Junta Superior del Gobierno de la provincia de Zaragoza, por decreto de 20 de octubre de 1840 y posteriormente aprobada por la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización y por la Junta de Ventas de Bienes Nacionales, en su circular de 18 de agosto de 1842. La ocupación efectiva debería realizarse dentro del plazo de seis meses, según comunica el Intendente, pues de lo contrario la cesión revertiría a la Junta de Ventas citada.

A partir de dicha fecha se comienzan las obras de acondicionamiento del edificio, en las cuales, desde el inicio, siempre se documenta un lugar para el archivo, que fue variando por obras o reubicaciones.

Por otra parte el Gobierno Superior Político, que tuvo varias sedes, utilizaba en estos años parte del Palacio de los Condes de Sástago, de donde pasaría a este nuevo edificio de la Diputación Provincial, en el que, ocupando varios emplazamientos, permaneció hasta el 15 de marzo de 1911 dejando en él gran parte de su archivo.

Durante las primeras décadas de vida de ambas instituciones, el Gobierno civil y la Diputación, comparten, como se ve, sede, tramitan asuntos y todo ello se refleja también en el archivo, que fue reuniendo los fondos supervivientes del Archivo del Reino, los fondos de la Contaduría de Propios, los de las antiguas Diputaciones Provinciales, así como los generados por las dos administraciones provinciales, pues según el art. 5 de la ley 8 de enero de 1845: “Todos los asuntos o expedientes en que deben entender las Diputaciones se instruirán en las oficinas del Gobierno Político de la Provincia con la mayor puntualidad y se tendrán preparadas para cuando aquellas empiecen sus sesiones. A cargo del Archivero y dependientes de las mismas oficinas estarán, con la debida separación e índice peculiar, las actas y documentos de la Diputación”.

En 1864, con nueva legislación y con la práctica administrativa, se plantea este tema en una sesión plenaria de la Diputación ya que “hallándose confundido en un mismo local el archivo de la Diputación Provincial con el del Gobierno Civil de la Provincia y considerando que según las disposiciones de la Ley para el Gobierno y Administración de las Provincias de 25 de Septiembre de 1863 deberán separarse del Gobierno de la Provincia todos los asuntos, dependencias de las Diputaciones y demás adherencias de las mismas...” se propone separar el Archivo de la Diputación del del Gobierno Civil, pasando aquel a cargo del Secretario de la misma.

En 1865 el archivo ocupa un local contiguo a la Sala de Quintas que es denunciado por el archivero dado el alto grado de humedad y las escasas dimensiones del local que obligan a tener los expedientes sin organizar y depositados en el suelo. En respuesta a este escrito, y transcurrido un largo período de dos años, la Diputación asume en 1867 la petición, que supone anexionar el archivo a las oficinas contiguas ocupadas por la Inspección de Policía. En 1868 el tema llega, con algunos retoques, al arquitecto provincial que presenta un proyecto para abandonar la planta calle, a la que irían las oficinas de Vigilancia y Orden Público del Gobierno Civil y crear una planta superior también en el costado de la Sala de Quintas donde se situarían las oficinas de Fomento y caminos vecinales.

Poco después se plantea en 1869 la conveniencia de no seguir albergando en el Palacio Provincial las dependencias del Gobierno Político y en caso de que quisiera permanecer en él, la necesidad de redistribuir los espacios para lo cual habría que terminar “las obras empezadas en el jardín nuevo que fue archivo”.

Por fin en 1872, la Corporación Provincial retoma el tema del Archivo. Por una parte, asume la construcción de un depósito amplio y digno para sede del departamento, encargando el proyecto al arquitecto provincial. Por otra, se ponen plazos para “concluir el inventario de todos los documentos de que dicho archivo consta”. En efecto, se concibe un espacio con ventanas en el testero y una planta baja más una planta principal. Esta última adornada con arquerías góticas. Ya en 1873 se procede a la dotación de armarios y estanterías para que se efectúe el traslado de los documentos.

Sin embargo, sólo una década después se vuelven a plantear problemas por esta misma estructura y así el arquitecto en la exposición de motivos de las nuevas obras aduce “ se me ha encargado solamente indicar la manera de dar más luz al archivo... pero siendo tan preciso como el aumento de luz el del local, hoy insuficiente, incluyo también el adjunto proyecto de ampliación que triplicaría por lo menos la actual cabida de dicha dependencia y facilitaría en extremo el hoy difícil servicio por la inconveniente manera de guardarse muchos legajos”. Propone para ello derribar las bóvedas y sustituirlas por un cielo raso, utilizando así los 9 metros totales de altura mediante la creación de pasillos de madera sobre palomillas de hierro, todavía existentes en la actualidad.

Años después se plantea el refuerzo del techo y la creación de una tercera galería que recorrerá el local dotándolo de nuevos espacios para situar las estanterías de madera. Dicho proyecto se vuelve a retomar en 1891 y queda finalmente realizado.

SIGLO XX

Ya no se ampliará la capacidad de almacenamiento de este depósito del archivo hasta 1982, en que se realizan obras de cierta envergadura reforzando los cimientos para montar en el centro del depósito unas estanterías metálicas de 4 plantas, con lo que se ampliará la capacidad del archivo en 480 metros lineales.

Casi paralelamente se produce un cambio importante en la ubicación tanto de las salas de trabajo, como de lectura y del depósito de la planta calle (antigua nave de la Iglesia de S. Francisco y posteriormente Sala de Quintas). En efecto, ante el crecimiento de la producción documental de la Diputación y el ingreso de nuevos fondos, (Hospicio de Calatayud, Inclusa etc.) y por una redistribución de espacios dentro del Palacio Provincial, se trasladan las zonas de trabajo y de lectura, y los fondos de la Diputación del Reino, Libros de Beneficencia, Libros Administrativos, fondos de Beneficencia de nuevo ingreso, Biblioteca y Hemeroteca, al semisótano del Palacio, y se dota a los depósitos de estanterías compactas, ganando en seguridad y capacidad. También mejora el servicio al público en comodidad (sala de lectura general y sala de investigadores) y facilidad de acceso desde la calle. Sin embargo esta zona se encuentra bastante alejada del depósito general, lo que dificulta el servicio de los fondos en la Sala.

Poco después, en 1985 se completa el amueblamiento del depósito con una nueva estantería metálica gemela de la instalada en 1982, creando 620 metros lineales de capacidad, y ya en 1993 es necesario ampliar el depósito con la adquisición de 939 metros lineales que se sitúan cerca del depósito general, en un lugar ya anteriormente ocupado por el archivo.

A partir de los años 80, además del ingreso regular de fondos por parte de los distintos archivos de oficina, ya instaurado con anterioridad, han ingresado otros fondos. Entre ellos todo el archivo de Construcciones Civiles, todo el archivo de Vías y Obras, gran parte del archivo de la Institución Fernando el Católico, el archivo del Hogar Infantil de Calatayud, de la Maternidad e Inclusa Provincial, ya citadas, del Hogar Pignatelli, y los fondos Administrativos del Hospital Provincial, los fondos del Servicio de Inspección y Asesoramiento a las Corporaciones Locales, el archivo del Servicio Forestal y de los fondos del Catastro.